La oposición del país petrolero busca la salida del presidente Nicolás Maduro en medio de una prolongada recesión que ha generado una crisis humanitaria, y en paralelo busca proteger los activos en el exterior, cruciales para la recuperación económica.

Guaidó, quien en enero invocó la Constitución para asumir como presidente encargado y fue reconocido por decenas de países que consideran que el mandatario Nicolás Maduro fue reelegido en comicios fraudulentos, agregó que una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sería la mejor opción para resguardar la refinería, filial de la estatal PDVSA.

“Eso es lo ideal para Venezuela, lo debe decidir soberanamente Estados Unidos. Nosotros buscamos transitar esa vía por la fragilidad institucional de Venezuela”, dijo Guaidó a Reuters desde la sede de su partido, Voluntad Popular.

“Por una orden ejecutiva proteger los activos, eso no ha sido inmediato ni tan sencillo”, agregó. “Lo ideal es protegernos de cualquier mal funcionamiento de Maduro”.

Washington, para cercar a Maduro, ha incrementado las sanciones que limitan el acceso del país al financiamientos y que afectan la capacidad de la petrolera PDVSA al restringir las ventas de crudo a Estados Unidos.

Pero la Casa Blanca no ha emitido ninguna orden ejecutiva que proteja a Citgo de los acreedores.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. El Ministerio de Información de Venezuela tampoco atendió las peticiones de respuestas.

Desde enero Guaidó, también jefe del Congreso, ha tenido como estrategia proteger los activos, y como parte de la medida, designó juntas administradoras en Citgo y PDVSA.

El equipo del líder opositor en la petrolera canceló en mayo unos 71 millones de dólares en intereses del bono PDVSA 2020, cuya garantía es la mitad de las acciones de Citgo, el principal activo de Venezuela en el exterior.

Ese proceso fue criticado por algunos opositores debido a que existe el riesgo de que Venezuela pierda la refinería. Por el mismo bono se tendrían que cancelar en octubre de este año unos 900 millones de dólares, y se duda de la disponibilidad de recursos para ese compromiso.

“Llegado octubre, bajo las condiciones de Maduro, sería difícil poder pagar”, agregó Guaidó. “Llegado octubre esperamos poder proteger los activos”.

Desde fines de 2017 el gobierno y PDVSA dejaron de cancelar unos 10.000 millones de dólares en compromisos de deuda.

El equipo del líder opositor esta semana contrató al veterano abogado estadounidense, Lee Buccheit, para que ayude a reestructurar la deuda equivalente a más de 150.000 millones de dólares como una manera de resguardar los bienes.

TRAS EL APOYO MILITAR

Venezuela enfrenta cinco años de recesión con una inflación superior a un millón por ciento que ha deteriorado el ingreso y que ha llevado a 3,7 millones de personas a huir del país petrolero, según Naciones Unidas.

Maduro, quien culpa de los males de la economía a una “guerra económica” y las sanciones, dice que Guaidó es un títere de Estados Unidos y ha dicho que debería “enfrentar la justicia”. El Tribunal Supremo y la Fiscalía iniciaron investigaciones contra el líder opositor, pero no lo han detenido.

Guaidó ha pedido a los militares que desconozcan a Maduro y se sumen a un gobierno de transición que busca convocar a unas elecciones libres, pero los oficiales han tardado en responder.

Un pequeño grupo de uniformados junto al jefe del Parlamento encabezaron el 30 de abril una movilización en la que hicieron un llamado a las fuerzas armadas a dejar de apoyar a Maduro. Sin embargo, el esfuerzo naufragó cuando la cúpula militar respaldó al mandatario.

Guaidó señaló que el cambio se ha demorado por el temor que existe entre los oficiales para dar el primer paso y porque aseguró son vigilados por agentes de inteligencia cubanos.

“¿Qué dificulta una transición? Que hay dictadura, que hay persecución cuerpo a cuerpo a militares que no facilita la interacción directa con ellos”, agregó el opositor quien señaló que “la interferencia cubana es notoria”.

Tras la movilización de fines de abril, las fuerzas de seguridad detuvieron al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y el máximo tribunal acusó de conspiración a otros 13 diputados opositores, varios de ellos están fuera del país, otros en embajadas y algunos ocultos.

“La estrategia de asedio, persecución y represión es una estrategia de Estado, que han utilizado para minar y destruir el estado de derecho”, dijo Guaidó para aseverar que esas acciones del gobierno “agravan la crisis”.